Luis Gómez Llorente defiende la República en el Congreso (11 de mayo de 1978)

La tarde del jueves 11 de mayo de 1978, el Congreso de los Diputados debatió sobre la forma de Gobierno dentro de la elaboración de la Constitución Española. El diputado Luis Gómez Llorente (1939-2012), como portavoz del grupo socialista defendió la República como forma de Gobierno.
Los socialistas eran conscientes de que la instauración de la República no contaba con el respaldo de la mayoría del Congreso y mantuvieron su voto particular que fue rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades públicas por 22 votos en contra, 13 a favor y una abstención.
Luis Gómez Llorente se puso en pie y con su voz pausada y serena defendió con gran elocuencia la validez y superioridad del gobierno de la República sobre el de la monarquía: «Defendemos la República como forma de Gobierno», una defensa republicana que ha quedado para los anales de la historia. A continuación reproducimos el discurso integro que declamó el diputado aquella tarde.

El señor GÓMEZ LLORENTE: 
Señor Presidente, Señorías, cumple a este Diputado el honor de dar lectura al presente discurso que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha elaborado para mantener su voto particular al párrafo tercero del artículo 1.º del Anteproyecto de Constitución, por el que defendemos la República como forma de Gobierno: 
El pueblo español expresó por abrumadora mayoría el 15 de junio de 1977 su voluntad inequívoca de cambio. Vuestras Señorías recordarán cómo al amanecer del día siguiente, cuando se iban recibiendo los resultados procedentes de cada provincia y se iba perfilando el pronunciamiento de cada una de las nacionalidades y regiones del Estado, se evidenciaba el alcance del veredicto popular. 
La ruptura de estas Cortes con el anterior régimen político de la dictadura se manifiesta precisamente en el hecho de proceder a elaborar una nueva Constitución para España, edificando un Estado de nueva planta bajo la inspiración de principios totalmente distintos y tomando como fuente de legitimación para ello el mandato recibido del pueblo el 15 de junio de 1977. 
Ahora bien, al asumir este Parlamento la expresión de la soberanía del pueblo y proceder a elaborar la nueva Constitución que en su día sea sometida al refrendo popular, asumimos la obligación de replantear todas las Instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción alguna. Incluso la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado, porque sería de todo punto incompatible con la soberanía que por delegación del pueblo ostentan las Cortes Constituyentes que ninguna Institución se hurtara a sus facultades. 
En este sentido nuestro Grupo Parlamentario expresa su profunda convicción de que todo poder sólo es legítimo en tanto que sea expresión de la voluntad popular libremente emitida, expresamente declarada a través de formas auténticamente democráticas. La forma de Gobierno y la figura del Jefe del Estado no se sitúan más allá de ese principio y, por ello, para nosotros no puede ostentar otro carácter de legitimidad, sino su asentamiento constitucional. 
Ni creemos en el origen divino del Poder, ni compartimos la aceptación de carisma alguno que privilegie a este o a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje. El principio dinástico por sí solo no hace acreedor para nosotros de poder a nadie sobre los demás ciudadanos. Menos aún podemos dar asentimiento y validez a los actos del dictador extinto que, secuestrando por la fuerza la voluntad del pueblo, y suplantando ilegítimamente su soberanía, pretendieron perpetuar sus decisiones más allá de su poderío personal despótico, frente al cual los socialistas hemos luchado constantemente. 
Por otra parte, tampoco se trata de aceptar la Monarquía meramente como una situación de hecho. Allá los partidos que reclamándose de la izquierda piensan que algo tan trascendente y duradero como la forma política del Estado puede darse por válida a merced de razones puramente coyunturales, de pactos ocasionales, o de gratitudes momentáneas. No somos nosotros de aquellos que pueden hacer el tránsito súbito en unos meses desde el insulto a la institución y la befa a la persona que la encarna, al elogio encendido y la proclamación de adhesiones entusiastas con precipitada incorporación de símbolos o enseñas. Da la casualidad de que donde ésos gobiernan fueron derribadas violentamente las Monarquías, y no precisamente por plebiscitos.
Bien al contrario, la actitud de los socialistas ante la institución monárquica es más serena, más de principios, más estable, probablemente más sincera. No ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo, en la oposición y en el Poder, no es incompatible con la Monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aun transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o económico.
Alguien se ha permitido decir recientemente que si los socialistas creyéramos que podía prosperar nuestro voto particular republicano no lo hubiéramos presentado, o lo hubiéramos retirado, y que, por tanto, lo mantenemos con insinceridad y con demagogia. Esto no es cierto. Se equivocan quienes así hablan, o acaso no nos comprenden porque es difícil entender a otro cuando se parte de una propia manera de hacer la política harto distinta de la nuestra, probablemente condicionada la suya por tantos y tan graves errores que apresuradamente tienen que dar muestras de rectificación.
Lo cierto es que si nuestro voto particular republicano tuviera éxito es porque se darían las condiciones de mayoritario consenso aquí y ahora en tal sentido, y en consecuencia lo mantendríamos con idéntica decisión.
Mas, cabe entonces preguntarse: si los socialistas están conscientes de que en estas Cortes van a ser minoritarios en este punto, ¿por qué mantienen su voto particular sobre la forma política del Estado?
Es sencillo contestar, Señorías: por honradez, por lealtad con nuestro electorado, por consecuencia con las ideas de nuestro partido, porque lo sentimos como un mandato que debemos cumplir de tantos y tantos republicanos que, no habiendo podido concurrir en cuanto tales a las elecciones del 15 de junio, depositaron en nosotros su confianza, sabedores de que hacemos honor a nuestros empeños; también, Señorías, porque cuando se tiene un tan amplio respaldo popular, avalado por una larguísima historia de décadas de lucha por la democracia y la igualdad social, podemos y debemos proseguir una línea de conducta en verdad clara y consecuente. Estamos conscientes de ser los actuales socialistas depositarios de esa trayectoria que fundamenta la credibilidad de grandes masas en nuestro partido, en el partido de Pablo Iglesias, y nos sentimos inexorablemente obligados a continuarla sin mixtificaciones.
Por tanto, puestos en la tesitura constituyente, impelidos los socialistas a definirnos sobre la forma política del Estado, mantenemos nuestro criterio y definimos claramente nuestra posición sobre el tema.
Sin embargo, no pretendemos con esto fragilizar el nuevo régimen, ni por nuestra aptitud quedará en precario ninguna de sus instituciones, pues a nadie se le escapa que al someter a discusión clara y profunda cada una de ellas, y hacer que todas nazcan del contraste previo de las opiniones y la ulterior decisión democrática sobre cada una, el sistema -en su conjunto y en sus partes- de la nueva democracia española quedará más firmemente consolidado y aceptado.
Empero, sin mengua del valor positivo que damos desde ahora a la Constitución que se otorgue en nuestro pueblo, nosotros reafirmamos ante las Cortes Constituyentes la postura propia de muestras ideas y de nuestra historia, lo que nos lleva a defender la forma de gobierno republicana por diversas razones que sería imposible agotar en el breve plazo que el Reglamento concede a la defensa de un voto particular, pero que parece inexcusable, al menos, apuntar en ciertos rasgos.
Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos. 
Del principio de la soberanía popular en sus más lógicas consecuencias, en su más pura aplicación, se infiere que toda magistratura deriva del mandato popular; que las magistraturas representativas sean fruto de la elección libre, expresa, y por tiempo definido y limitado.
La limitación no sólo en las funciones, sino en el tiempo de ejercicio de los magistrados que gobiernan o representan a la comunidad, constituye una de las ventajas más positivas de los sistemas democráticos, pues permite resolver en forma pacífica, gracias a la prevista renovación periódica, el problema de la sustitución de las personas que encarnan dichos cargos, volviéndose, por el contrario, sumamente conflictivo el desplazamiento y sustitución de los gobernantes, tantas veces necesario en la vida de los pueblos, cuando no existe como procedimiento ordinario el régimen de elección periódica.
Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico. No se diga para contrarrestar este argumento que puedan existir mecanismos en la propia Constitución que permitan alterar esas estructuras, pues resulta obvio que tales cambios llevan consigo un nivel de conflictividad inconmensurablemente mayor que la mera elección o reelección.
Renovar a los gobernantes, incluso aquellos que ejerzan las más altas magistraturas, es necesario, y aun a veces imprescindible, y no porque la voluntad del pueblo sea mudadiza caprichosamente, sino porque la manera objetiva cambia; o la persona misma, dejando de ser lo que era, o las circunstancias que la hicieran la más idónea en un momento dado, o simplemente ambas cosas de consumo, surgiendo otras posibilidades óptimas.
Por otra parte, es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas. Nosotros agregaríamos; se debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras.
No merece nuestra aquiescencia el posible contraargumento que nos compense afirmando la neutralidad de los magistrados vitalicios y por virtud de la herencia, al situarse más allá de las contiendas de intereses y grupos, pues todo hombre tiene sus intereses, al menos con la institución misma que representa y encarna, y por mucho que desee identificarse con los intereses supremos de la Patria, no es sino un hombre, y su juicio es tan humano y relativo como el de los demás ciudadanos a la hora de juzgar en cada caso el interés común. 
Proyectando este pensamiento a la historia de España en el lacerado tiempo de nuestros esfuerzos y nuestras luchas desde que comenzaran los intentos de establecer un régimen constitucional, nadie puede afirmar con un mínimo de rigor que haya resplandecido precisamente la neutralidad de la corona en las contiendas sociales o políticas. Acaso era por eso por lo que exclamaba Pablo Iglesias en el Parlamento el 10 de enero de 1912: “No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”.
Vuestras Señorías conocen bien las aspiraciones igualitarias que mueven a los socialistas, y con cuánto esmero nos hemos esforzado en la teoría y en la práctica por compatibilizar la libertad y la igualdad. De ahí que veamos con reparos la herencia.
¿Cómo no hemos de sentir alejamiento ante la idea de que nada menos que la jefatura del Estado sea cubierta por un mecanismo hereditario?
El hecho de que todos hablemos aquí hoy con respeto de las personas de los actuales monarcas y de su familia, entenderán que no empaña nuestras razones, y por respeto a las personas citadas nos abstenemos de entrar en análisis y ejemplos de los Reyes de otro tiempo.
Empero, en el orden de las ideas, nadie sensato puede sentirse ofendido por escuchar las del otro, y cualquiera ha de entender que quienes nos sentimos impulsados por la lucha contra el privilegio, y no aceptamos otra carta de singular retribución que el propio esfuerzo y el mérito, prefiramos la República como forma de Gobierno.
Como habrán podido observar, señoras y señores Diputados, casi todas las ideas que hemos argüido hasta el presente no tienen su génesis en el específico y propio pensamiento socialista, sino que hunden sus raíces en el liberalismo radical, que ya hace tiempo fueron reivindicadas por los radicales burgueses.
No se asombren, Señorías, aunque algunos de ustedes no se hayan percatado, el socialismo no es sino una gran pasión por la libertad, y todas las razones económicas que deseamos, todas las transformaciones económicas que propugnamos, no tienen otro objetivo que hacer más libres en la realidad cotidiana a las mujeres y a los hombres de nuestro país. No nos sentimos de ningún modo la negación destructora de cuanto el liberalismo tuvo de progreso en la historia de la cultura humana. El socialismo viene sólo a poner las condiciones económicas y políticas adecuadas para que sea real en todos los seres humanos el sueño de libertad personal que concibieron los padres del liberalismo.
Antes de concluir nos parece imprescindible recordar que los socialistas no somos republicanos sólo por razones de índole teórica. Menos aún los socialistas españoles. Pertenecemos, ciertamente, a un partido, el PSOE, que se identifica casi con la República, y no en vano, porque fue el pilar fundamental en el cambio de régimen del 14 de abril de 1931.
Nos abstendremos de hacer un largo “excursus” histórico, pero entendemos de alta utilidad para propios y extraños esclarecer, siquiera muy brevemente, por qué el socialismo español se fue tiñendo cada vez más intensamente de republicanismo.
Como Vuestras Señorías recordarán, nuestro Partido se fundó durante la Restauración, el año que viene va a cumplir su centenario. Al constituirse el Partido Socialista Obrero Español no inscribió en su programa máximo, es decir, entre los objetivos que desde entonces son nuestra razón de ser, el tema de la forma política del Estado. Obviamente los fundadores del Partido eran republicanos, pero el hecho que les acabo de indicar es clara muestra de la importancia que se le daba, y que para un socialista normalmente ha de tener este asunto, o sea, secundaria, y matizada en su intensidad según la circunstancia histórica que atravesemos.
Ahora bien, ¿cómo trató la Restauración al movimiento obrero, o más en particular a los socialistas? 
Baste recordar que uno de nuestros mejores historiadores ha definido al régimen de la Restauración como la oligarquía de las dos cabezas. Las corrupciones del sistema de los dos partidos turnantes, por igual monárquicos, por igual conservadores en el fondo, significó la falsificación sistemática del sufragio y el mantenimiento artificioso de una monarquía pseudoparlamentaria, fantasmagórico aparato sin otro fin en todo su tinglado que marginar la voluntad auténtica de los pueblos de España y la postergación desesperanzada de las clases oprimidas.
Durante bastantes años, el PSOE no hizo causa común con el republicanismo en cuanto tal. Sin embargo, hacia 1909 se impuso como una necesidad imperiosa la conjunción republicano-socialista. ¿Para qué? Para combatir el caciquismo, simplemente para algo tan elemental como conseguir unas verdaderas libertades públicas y un régimen democrático honesto. 
Hacia 1917, todo lo más sano del país reclamaba Cortes Constituyentes al monarca, pero esas voces de regeneración fueron desoídas. 
En el manifiesto de la huelga general, de 12 de agosto de 1917, suscrito por Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y Andrés Saborit, se dice: “Pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivos y moderador y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de Cortes Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la Constitución política del país”.
Coincidían estas aspiraciones con el significado de la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona y aun con las Juntas militares de Defensa y con las Juntas de Defensa civiles. Sin embargo, ese clamor general, la gran huelga general de agosto fue aplastada por las armas en medio de una tremenda masacre.
La Monarquía perdió una ocasión excepcional de europeizarse políticamente. Pocos años después, agotado en sus propios defectos y miserias, el régimen acudía sin ambages a violar la Constitución: a la dictadura. 
Ved, Señorías, que en España la libertad y la democracia llegaron a tener un solo nombre: ¡República!
Una inteligencia que es preciso respetar por su agudeza, como Luis Araquistaín, podía expresar así la situación en su obra “El Ocaso de un Régimen”: “. . .Hay que desear la República por patriotismo, por españolismo. La idea de España y la República se confunden. El problema mínimo de todo liberal español debe ser la República. Ningún liberal puede ser monárquico en España. Los Socialistas españoles no se hacen vanas ilusiones, aunque sin ellos no habría República y cuando la haya será principal, y casi exclusivamente, por ellos, no ignoran sin embargo que esa República no podrá ser inmediatamente socialista”. 
Perdonen Vuestras Señorías estas brevísimas alusiones al pasado, que no hubieran sido hechas sino para dar claves de nuestra actuación no sólo en el presente, sino en el futuro. El PSOE fue en primer lugar republicano, y baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia en la gestión. Don Manuel Azaña no definía de otro modo en sus discursos la virtud republicana. 
Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la Monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alterativo por los Gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado.
Pero a la hora en que estamos, y estando por el trance constituyente determinados a definirnos, hemos expuesto nuestros motivos de diversa índole para mantener nuestro voto particular. 
Finalmente, señoras y señores Diputados, una afirmación que es un serio compromiso. Nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la constitución por esto. Acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella.
El proceso de la reforma política hace inevitable que en su día se pronuncie el pueblo sobre el conjunto de la Constitución, y puesto que ello es previsible y racionalmente inevitable, no haremos obstrucción, sino que facilitaremos el máximo consenso a una Constitución que ha de cerrar cuanto antes este período de la transición y abrir el camino a nuevas etapas de progreso y transformaciones económicas y sociales, a las que en nada renunciamos, y para las que sólo pretendemos ser un instrumento de nuestro pueblo.
Nada más, muchas gracias. 
Equipo de redacción de Eco Republicano